DALLAS, Texas, (Notimex).- El mexicano Edgar Tamayo Arias espera que prospere un recurso de último momento para evitar su ejecución programada para mañana (miércoles) en la Unidad Carcelaria Walls.
De no proceder ninguna de las peticiones y recursos interpuestos por sus abogados, Tamayo Arias recibirá la inyección letal en punto de las 18:00 horas de mañana en la Unidad Carcelaria Walls, comunidad de Hunstsville, 250 kilómetros al sureste de Dallas.
Tamayo, originario de la comunidad de Miacatlán, Morelos, fue sentenciado al castigo capital por el asesinato del policía Guy P. Gaddis, en Houston, Texas, el 31 de enero de 1994.
De los ocho mexicanos que han recibido la pena de muerte, siete han sido ejecutados en Texas y solamente uno en Virginia.
Casi todas las ejecuciones anteriores han causado irritación y controversia en las relaciones entre México y Estados Unidos, al plasmar las diferentes visiones sobre el castigo capital en uno y otro país.
México ha buscado siempre evitar las ejecuciones de sus ciudadanos, apelando ante las instancias judiciales estadounidenses e incluso a la compasión de sus gobernantes.
Los esfuerzos mexicano han sido acompañados por la solidaridad de otras naciones y organismos internacionales de derechos humanos.
En algunos casos, estas acciones han logrado tener éxito con la conmutación de las penas o la posposición de su aplicación. En otros, los esfuerzos no han logrado evitar los ajusticiamientos.
La primera ejecución de un mexicano en Estados Unidos fue la de Ramón Montoya Facundo, registrada en Texas el 25 de marzo de 1993.
La ejecución, por la muerte de un policía en Dallas, indignó a la sociedad mexicana y levantó una nueva barrera en las relaciones entre ambos países.
El entonces Presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari criticó a Estados Unidos al señalar: "en México estamos a favor de la vida. En México estamos contra la aplicación de la pena de muerte, porque consideramos la rehabilitación como la cosa más importante".
Tres años después, Texas realizó la segunda ejecución de un mexicano al aplicar la pena de muerte a Irineo Tristán Montoya, el 18 de junio de 1996. La ejecución despertó igual indignación y causó protestas aisladas.
Tan sólo meses después, el 17 de septiembre de 1996, fue ejecutado en Virginia el mexicano Benjamín Mario Murphy. Luego, el 9 de noviembre de 2000 en Texas, fue ejecutado Miguel Angel Flores.
Las ejecuciones de Murphy y Flores también provocaron protestas formales por parte de México, aunque no se presentó mayor controversia.
Sin embargo, la quinta ejecución, la de Javier Suárez Medina, efectuada en Texas el 14 de agosto de 2002, causó un revuelo mayor luego de que el entonces Presidente mexicano Vicente Fox, suspendiera una visita a esa entidad en señal de reproche.
Angel Maturino Reséndiz, conocido en Estados Unidos como "el asesino de las vías", pasó a ser el sexto mexicano ejecutado en Estados Unidos al recibir la inyección letal en Texas el 27 de junio de 2006.
En este caso, la aplicación de la sentencia pasó casi inadvertida en México. Las autoridades mexicanas hicieron esfuerzos por salvar su vida, pero el acusado optó por hacer a un lado las apelaciones y someterse al castigo.
Luego Texas desafió el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ordena a Estados Unidos revisar las sentencias de pena de muerte impuestas a 51 mexicanos, y ejecutó en mayo de 2008 a José Ernesto Medellín, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La ejecución de Medellín colocó a Texas en pleno desacato de los acuerdos internacionales firmados por Estados Unidos.
Medellín formaba parte del grupo de 51 mexicanos amparados por el fallo de la CIJ que ordenó a Estados Unidos, la revisión de sus casos tras determinar que en su detención se habían violado sus derechos a la asistencia consular.
En su fallo, la CIJ dictaminó que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963 al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a asistencia diplomática "sin retraso" tras su detención.
A raíz del fallo de la CIJ, estados como Oklahoma, Arkansas y Nebraska han tomado acciones para asegurarse que las violaciones a los derechos consulares de los reos mexicanos reciban una completa y justa revisión.
Texas, en cambio, no ha permitido la revisión de las violaciones consulares en ninguno de los casos de los mexicanos sentenciados a muerte en esta entidad que están amparados por el fallo.
En 2008, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que Texas no está obligado a acatar el dictamen de un tribunal internacional, al no existir una ley interna federal que lo obligue a ello.
Sin embargo, el dictamen no impide que las entidades con mexicanos sentenciados al castigo capital puedan revisar sus casos en forma voluntaria, como se lo han solicitado a Texas el gobierno de México y otras instancias internacionales.
En julio de 2011, Texas volvió a cometer una "violación irreparable" del fallo de la CIJ al ejecutar a Humberto Leal, originario de Monterrey, Nuevo León.
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De no proceder ninguna de las peticiones y recursos interpuestos por sus abogados, Tamayo Arias recibirá la inyección letal en punto de las 18:00 horas de mañana en la Unidad Carcelaria Walls, comunidad de Hunstsville, 250 kilómetros al sureste de Dallas.
Tamayo, originario de la comunidad de Miacatlán, Morelos, fue sentenciado al castigo capital por el asesinato del policía Guy P. Gaddis, en Houston, Texas, el 31 de enero de 1994.
De los ocho mexicanos que han recibido la pena de muerte, siete han sido ejecutados en Texas y solamente uno en Virginia.
Casi todas las ejecuciones anteriores han causado irritación y controversia en las relaciones entre México y Estados Unidos, al plasmar las diferentes visiones sobre el castigo capital en uno y otro país.
México ha buscado siempre evitar las ejecuciones de sus ciudadanos, apelando ante las instancias judiciales estadounidenses e incluso a la compasión de sus gobernantes.
Los esfuerzos mexicano han sido acompañados por la solidaridad de otras naciones y organismos internacionales de derechos humanos.
En algunos casos, estas acciones han logrado tener éxito con la conmutación de las penas o la posposición de su aplicación. En otros, los esfuerzos no han logrado evitar los ajusticiamientos.
La primera ejecución de un mexicano en Estados Unidos fue la de Ramón Montoya Facundo, registrada en Texas el 25 de marzo de 1993.
La ejecución, por la muerte de un policía en Dallas, indignó a la sociedad mexicana y levantó una nueva barrera en las relaciones entre ambos países.
El entonces Presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari criticó a Estados Unidos al señalar: "en México estamos a favor de la vida. En México estamos contra la aplicación de la pena de muerte, porque consideramos la rehabilitación como la cosa más importante".
Tres años después, Texas realizó la segunda ejecución de un mexicano al aplicar la pena de muerte a Irineo Tristán Montoya, el 18 de junio de 1996. La ejecución despertó igual indignación y causó protestas aisladas.
Tan sólo meses después, el 17 de septiembre de 1996, fue ejecutado en Virginia el mexicano Benjamín Mario Murphy. Luego, el 9 de noviembre de 2000 en Texas, fue ejecutado Miguel Angel Flores.
Las ejecuciones de Murphy y Flores también provocaron protestas formales por parte de México, aunque no se presentó mayor controversia.
Sin embargo, la quinta ejecución, la de Javier Suárez Medina, efectuada en Texas el 14 de agosto de 2002, causó un revuelo mayor luego de que el entonces Presidente mexicano Vicente Fox, suspendiera una visita a esa entidad en señal de reproche.
Angel Maturino Reséndiz, conocido en Estados Unidos como "el asesino de las vías", pasó a ser el sexto mexicano ejecutado en Estados Unidos al recibir la inyección letal en Texas el 27 de junio de 2006.
En este caso, la aplicación de la sentencia pasó casi inadvertida en México. Las autoridades mexicanas hicieron esfuerzos por salvar su vida, pero el acusado optó por hacer a un lado las apelaciones y someterse al castigo.
Luego Texas desafió el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ordena a Estados Unidos revisar las sentencias de pena de muerte impuestas a 51 mexicanos, y ejecutó en mayo de 2008 a José Ernesto Medellín, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La ejecución de Medellín colocó a Texas en pleno desacato de los acuerdos internacionales firmados por Estados Unidos.
Medellín formaba parte del grupo de 51 mexicanos amparados por el fallo de la CIJ que ordenó a Estados Unidos, la revisión de sus casos tras determinar que en su detención se habían violado sus derechos a la asistencia consular.
En su fallo, la CIJ dictaminó que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963 al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a asistencia diplomática "sin retraso" tras su detención.
A raíz del fallo de la CIJ, estados como Oklahoma, Arkansas y Nebraska han tomado acciones para asegurarse que las violaciones a los derechos consulares de los reos mexicanos reciban una completa y justa revisión.
Texas, en cambio, no ha permitido la revisión de las violaciones consulares en ninguno de los casos de los mexicanos sentenciados a muerte en esta entidad que están amparados por el fallo.
En 2008, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que Texas no está obligado a acatar el dictamen de un tribunal internacional, al no existir una ley interna federal que lo obligue a ello.
Sin embargo, el dictamen no impide que las entidades con mexicanos sentenciados al castigo capital puedan revisar sus casos en forma voluntaria, como se lo han solicitado a Texas el gobierno de México y otras instancias internacionales.
En julio de 2011, Texas volvió a cometer una "violación irreparable" del fallo de la CIJ al ejecutar a Humberto Leal, originario de Monterrey, Nuevo León.
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