Contraloría del GDF va contra ex funcionarios por caso Linea 12

martes, 5 de agosto de 20140 comentarios

*Asambleístas entregarán mil denuncias a la Contraloría para que los ex funcionarios Horcasitas, Jojórquez y Ebrard, indemnicen a afectados por el cierre parcial de la línea 12 del Metro.
 

Pedro Montes de Oca
 
Como resultado de las jornadas de información y volanteo, del primero  al   cuatro de agosto, donde se recabaron mil firmas para solicitar la indemnización a los usuarios afectados por la suspensión del servicio en 11 estaciones de la Línea 12, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Héctor Saúl Téllez, adelanto que el daño patrimonial en general podría ascender a cuatro mil millones de pesos.
 
El panista apuntó  que las firmas recabadas se integrarán a una denuncia de carácter administrativo que será entregada el 11 de agosto a la Contraloría General del DF. La indemnización deberá cubrir el gasto que han venido realizando los usuarios afectados luego de cinco meses de cierre en las estaciones del tramo elevado de la línea férrea que llega hasta Tlahuac.
 
"Vamos a presentar estas mil denuncias en esta primera etapa, esto nos va a arrojar un monto de indemnización de entre tres o cuatro millones de pesos, que lo que nosotros solicitamos es que sean pagados directamente por los responsables del cierre de la Línea 12, es decir el ingeniero Horcasitas y el ingeniero Bojórquez y en su caso, valoraremos si también Marcelo Ebrad", resaltó
 
 El legislador abundó que si las 400 mil personas que han sido afectadas por las fallas de la Línea 12 reclamaran indemnización, estaríamos hablando de un monto de entre tres mil y cuatro mil millones de pesos.
 
Téllez Hernández, destacó que durante las jornadas, los usuarios reportaron que el gasto en transporte público desde el cierre parcial de la Línea Dorada se ha incrementado considerablemente pues de invertir entre 50 y 60 pesos semanales, ahora el gasto es de hasta 150 pesos, un acumulado de entre tres mil y cuatro mil pesos en los cinco meses que ha estado suspendido el servicio.
 
"Este recurso que estamos metiendo el día de hoy tiene sus sustento en la Ley de Responsabilidad en el Distrito Federal, es la famosa Ley Bache, se aplica cuando se tiene un mal servicio, si se tiene una ponchadura en la calle, es el mismo trámite. Nosotros estamos pidiendo la indemnización por un gasto indebido, pero sobre todo, por un mal servicio que no están teniendo los ciudadanos y eso les provoca un menoscabo en su patrimonio, provoca un menoscabo en su calidad de vida", aseguró Téllez Hernández.
 
Finalizó que como justificante del daño económico que han sufrido las personas, están entregando comprobantes de gasto en gasolina, los descuentos efectuados por sus patrones por haber llegado tarde y hasta constancias de despido.
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