Alejandro Colón
Al tomar la protesta a Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública, el Presidente Enrique Peña Nieto le solicitó que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-venta de inmuebles, tanto con él mismo, su esposa Angélica Rivera, y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
Adicionalmente, en el ánimo de generar plena confianza y transparencia, pidió también al nuevo funcionario que reúna a un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia, para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo.
Reconoció que "no obstante de que en todo momento mi actuar se ha apegado al marco jurídico vigente, en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi gobierno". Lo anterior, en referencia a la adquisición de su propiedad en Ixtapan de la Sal, Estado de México; otra en las Lomas por parte de su esposa, y otro inmueble del titular de Hacienda, en Malinalco, Estado de México.
Y luego de precisar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala que "habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público, puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión", el Jefe del Ejecutivo aseguró que "esto nunca ha sido el caso en mi responsabilidad como Presidente de la República, y tampoco en mis cargos públicos anteriores".
Además, detalló que las contrataciones se sujetan a los procedimientos que marca la ley, y en ninguno de ellos participa el Presidente de la República. "En el ejercicio de mis funciones siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho", insistió.
"Y aquí quiero ser enfático, el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios", aseveró.
No obstante estas aclaraciones, dijo ser consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió.
Esta percepción se explica, en gran medida, porque en México no se tienen los instrumentos normativos para determinar con claridad, cómo declarar posibles conflictos de interés, justificó.
En un mensaje a medios, el Mandatario federal reafirmó su absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que dio a conocer ocho medidas ejecutivas que deberá aplicar el nuevo funcionario, para reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría del gobierno de la República y vigilar que los servidores públicos se apeguen a la ley y a la ética.
En la residencia oficial de Los Pinos, dijo que como primera acción, a partir de mayo de este año, mes en que por ley, todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés.
Esta declaración, explicó, deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad.
Asimismo, permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos, que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad.
Como segunda acción, planteó que dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Etica y Prevención de Conflictos de Interés, área que será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas y, en su caso, velar para que se apliquen las sanciones correspondientes.
En una tercera acción, se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública Federal, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción.
En la cuarta acción, se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. La Secretaría de la Función Pública definirá los lineamientos claros y específicos que deberán seguir los servidores públicos al tratar con los interesados.
En complemento a la medida anterior, como quinta acción ejecutiva, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos.
En la sexta acción, se acelerará la operación de la Ventanilla Unica Nacional para los trámites y servicios del gobierno. Para ello, refirió que ayer mismo se publicará el Decreto que permitirá incorporar los trámites federales en formatos digitales, a través del portal de Internet www.gob.mx.
Además, como séptima acción, la lista pública de proveedores sancionados por el gobierno de la República, será más completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción.
Como octava y última acción, se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción.
El Presidente Peña Nieto reconoció que la participación activa de los ciudadanos es fundamental para identificar procesos y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción.
"Trabajaremos con cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de suscribir convenios de colaboración y juntos prevenir actos al margen de la ley", ofreció
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