Arturo R. Pansza
El tema de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, no es político, porque fuera de un golpeteo mediático se quiere conocer la verdad, ante el hecho de que se tiraron 45,000 millones de pesos en su construcción, dejó en claro el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien conminó a la comisión especial del recinto deliberativo de San Lázaro, que investiga todo lo relativo a la obra, escuche a quien lo solicite de manera formal.
Durante una entrevista, dejó asentado que "se trata de conocer la verdad y no la pueden ocultar señalando que éste puede ser un caso político; no es político el que se hayan gastado 45,000 millones de pesos, es inadmisible que existan tirados 45,000 millones de pesos en la construcción de la Línea 12 del Metro y que por los mismos nadie rinda cuentas".
Refirió que por la falla en ese medio de transporte están afectados 500,000 habitantes del Distrito Federal, al tiempo que invitó a la Comisión Especial para dar Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o se hayan Destinado a la Línea 12 del Metro, a que "escuche a todos aquellos que quieran ser oídos, al que pida formalmente el ser escuchado y oído".
Aseveró que la información contenida en el informe de la comisión especial es producto de lo que funcionarios y empresas, tanto constructoras como certificadoras, han dicho: el tren es equivocado para las vías.
"La información que le estamos enviando a las autoridades, me refiero la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial de la Línea 12 del Metro, está construida con información que dieron los funcionarios públicos del gobierno del Distrito Federal y las empresas certificadoras", refrendó.
Por su parte, el coordinador del PAN en el recinto deliberativo de San Lázaro, Ricardo Anaya Cortés, precisó que el desastre de la denominada Línea Dorada no puede quedar impune y tiene que haber castigo para los responsables, a la vez que declaró: "ni juicios anticipados, pero tampoco encubrimiento".
En su momento, el líder del PRD en la Cámara Baja, Agustín Miguel Alonso Raya, cuestionó el proceso legislativo y los objetivos que dieron origen a la Comisión Especial, tras la presentación de su informe preliminar.
Consideró que "es inaceptable avalar un informe que muestra una clara intencionalidad política" y, aseveró que el objeto que el pleno cameral le encomendó a la comisión especial, fue el de darle seguimiento a los recursos federales destinados a la Línea Dorada, por lo que no cuenta con atribuciones para procurar o administrar justicia, como se desprende del informe.
Abundó que el informe presentado "con sus recomendaciones y conclusiones, pretende erigir a la comisión especial en una especie de sección instructora, con atribuciones jurisdiccionales que no tiene"
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