Los interpuso la Coordinadora contra la reforma educativa y evaluación del magisterio
Arturo R. Pansza
Para determinar la legalidad de la reforma educativa y de la evaluación del magisterio, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició ayer la revisión de uno de los 26 amparos interpuestos por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el 295/2014.
En los amparos que atrajo la SCJN se pide invalidar diversos artículos de las leyes: General de Educación, del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Durante una sesión privada los ministros comenzaron con el análisis de un amparo, en contra de la legislación, con el argumento de que es inconstitucional y que vulnera los derechos humanos de los maestros.
Se confirmó el sobreseimiento dictado por el juez, relacionado con la actuación del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el director del Diario Oficial, además de que se dejó asentado que los quejosos pidieron invalidar los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
El pleno descartó que los quejosos no tuvieran legitimación, como lo afirmara la autoridad, concepto de improcedencia que fue declarado inoperante.
También se descartó que la relación de los maestros sólo deba regirse por normas de índole laboral, pues la Constitución obliga en su artículo tercero, a someterlos a una evaluación permanente.
Cuando terminen con el análisis de los 26 amparos, los ministros darán su veredicto sobre la legalidad o no de la evaluación magisterial, a la que se han opuesto maestros de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Por parte de los de la CNTE ya se anunció que si la SCJN falla en contra de los maestros y desecha los amparos, los maestros inconformes acudirán a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Al respecto, el asesor jurídico del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, Manuel Fuentes Muñiz, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sostuvo que "continuaremos nuestra ruta promoviendo un nuevo amparo contra el acto de aplicación de la ley, es decir, contra las evaluaciones".
Declaró que las leyes de la reforma atentan contra los derechos humanos de los profesores porque "desconocen totalmente todos sus derechos laborales y los deja en una situación a merced de la autoridad sin que se puedan defender".
En los amparos se reclama que la reforma viola el principio de retroactividad, con la anulación de los derechos de los profesores contratados con anterioridad, además de que se desconoce la garantía de audiencia
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Arturo R. Pansza
Para determinar la legalidad de la reforma educativa y de la evaluación del magisterio, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició ayer la revisión de uno de los 26 amparos interpuestos por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el 295/2014.
En los amparos que atrajo la SCJN se pide invalidar diversos artículos de las leyes: General de Educación, del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Durante una sesión privada los ministros comenzaron con el análisis de un amparo, en contra de la legislación, con el argumento de que es inconstitucional y que vulnera los derechos humanos de los maestros.
Se confirmó el sobreseimiento dictado por el juez, relacionado con la actuación del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el director del Diario Oficial, además de que se dejó asentado que los quejosos pidieron invalidar los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
El pleno descartó que los quejosos no tuvieran legitimación, como lo afirmara la autoridad, concepto de improcedencia que fue declarado inoperante.
También se descartó que la relación de los maestros sólo deba regirse por normas de índole laboral, pues la Constitución obliga en su artículo tercero, a someterlos a una evaluación permanente.
Cuando terminen con el análisis de los 26 amparos, los ministros darán su veredicto sobre la legalidad o no de la evaluación magisterial, a la que se han opuesto maestros de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Por parte de los de la CNTE ya se anunció que si la SCJN falla en contra de los maestros y desecha los amparos, los maestros inconformes acudirán a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Al respecto, el asesor jurídico del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, Manuel Fuentes Muñiz, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sostuvo que "continuaremos nuestra ruta promoviendo un nuevo amparo contra el acto de aplicación de la ley, es decir, contra las evaluaciones".
Declaró que las leyes de la reforma atentan contra los derechos humanos de los profesores porque "desconocen totalmente todos sus derechos laborales y los deja en una situación a merced de la autoridad sin que se puedan defender".
En los amparos se reclama que la reforma viola el principio de retroactividad, con la anulación de los derechos de los profesores contratados con anterioridad, además de que se desconoce la garantía de audiencia
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