Armando Sánchez
Para dar a conocer los avances en materia de protección y defensa de los derechos humanos, así como identificar los retos a vencer en la implementación del nuevo sistema de Justicia penal en México, la Procuradora General de la República Marisela Morales Ibáñez se reunió con integrantes de la organización internacional Human Right Watch representada por el señor Kenneth Roth.
Ahí, se mostraron los esfuerzos de la PGR, para abatir la impunidad e investigar efectivamente aquellos delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, tales como la Tortura y destacar los significativos avances en la instrumentación del sistema penal acusatorio en México y las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos.
La Procuraduría constituyó como línea estratégica de acción, el fomento y difusión de la cultura de la protección a los derechos humanos e implantó el programa permanente de promoción, fortalecimiento y capacitación en esta materia cuyo fin primordial es generar confianza en la sociedad de que en sus acciones la Institución respeta los derechos humanos.
La titular de la PGR, ratificó que bajo la administración del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, México ha avanzado en la defensa y garantía de los derechos humanos, además de impulsar una apertura y transparencia sin precedentes, facilitando la observación internacional de sus prácticas.
La procuradora expuso que la institución mantiene una estrecha colaboración estratégica entre instituciones como: las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina con la finalidad de sumar esfuerzos en el combate al crimen organizado.
Recalcó la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la permanente colaboración con ellas, para el seguimiento de un objetivo en común: atender de manera inmediata y eficaz a todos aquellos que han sido vulnerados en sus derechos elementales. Asimismo, reconoció que las organizaciones civiles constituyen un elemento de diálogo fundamental que permite construir conjuntamente el quehacer gubernamental.
Aseveró que la procuración de justicia es un derecho humano fundamental, y que ante una delincuencia cada vez más organizada, temeraria y retadora, el Estado mexicano debe apoyarse en un marco jurídico adecuado, que dote de solidez a las instituciones y que las provea con los mecanismos e instrumentos que permitan combatir la actividad criminal con decisión, contundencia y eficacia.
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