Armando Maceda
El grupo parlamentario del PRD en San Lázaro adelantó que no aprobará la iniciativa de reforma de nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto debido a que advierte diferentes riesgos de autoritarismo y represión en las facultades que se da a la Supersecretaría de Gobernación.
Silvano Aureoles coordinador parlamentario, y la diputada Aleida Alavez Ruiz criticaron de por sí la actitud con visos de autoritarismo del equipo de transición del presidente electo y del grupo del PRI de imponer una reforma administrativa y que saben que cuenta con el apoyo del PAN, que ha dicho apoyarán todo lo que proponga el nuevo gobierno.
"Nos parece que el inicio no es el adecuado porque si lo que se han planteado es la apertura, una nueva imagen del gobierno, una nueva forma de procesar los temas políticos, no debió de haberse enviado de manera atropellada", se quejó en conferencia de prensa Silvano, al señalar que los priistas no le interese dialogar con a las fuerzas de la izquierda.
Silvano dijo que no es cierto, que sólo las mayorías mecánicas en automático van a hacerle frente y a resolver los problemas del país. "Esto tiene que ver con asuntos esenciales de funcionamiento del gobierno, pero también tiene que ver con el tema de gobernabilidad", precisó.
Así, criticó la incongruencia de los representantes del PRI que han cuestionado severamente al PAN en el gobierno por no procesar adecuadamente las cosas, entre ellos el tema de las iniciativas preferentes que tanto ruido le metió al Congreso en los últimos meses, y bueno, eso mismo que critican, lo hacen, dijo, al no extender la mínima cortesía política.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya es tema de análisis de los integrantes de la Comisión de Gobernación esta iniciativa, con la intención del PRI de que el Pleno la apruebe el pleno el próximo jueves, por razones del tiempo, pero en la revisión, dijo Aleida Alavez han encontrado puntos preocupantes, aunque la gente del equipo de transición anunció ayer que no era así.
Explicó que en el artículo 27 numeral18 le dan la facultad a Gobernación para intervenir ante situaciones de peligro cuando se sientan amenazados municipios, localidades, estados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.
Es decir, "se le faculta a esta secretaría, usando la Policía federal a su cargo ante situaciones de disturbios u otras situaciones que impliquen violencia", y esto representa que esta Secretaría pueda actuar en todo el país sin la necesidad de la petición o colaboración de los gobiernos estatales o municipales cuando se den algunos de los supuestos, señaló.
También en el mismo artículo fracción 19, dijo, se le confiere auxiliar a la PGR en la persecución de los delitos; y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables, en las situaciones de alteración grave del orden público; "esto es particularmente grave porque no se refiere a la SEGOB para que auxilie a la PGR con la Policía Federal a su cargo, sino como obligación genérica para la persecución de los delitos", advirtió.
Comentó que al no establecer una limitación clara abre la posibilidad de que información política de la Segob puede utilizarse para criminalizar y perseguir disidentes y opositores políticos.
En el artículo 27, fracción XXVI, se quiere establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado; ahí, obviamente esta redacción hace alusión al sistema de inteligencia nacional que estará a cargo de Gobernación y que actualmente ya controla a través del CISEN, lo riesgoso se encuentra en los términos de la redacción y en los objetivos de dicha inteligencia.
Son algunos putos de riesgos que han encontrado y con eso, dice, les queda claro que el nuevo gobierno del PRI llega para "imponer una reforma administrativa que trae visos de un total autoritarismo, de darle a tres secretarías la posibilidad de una actuación de decisión que de hecho se las quita a la propia Presidencia".
Esto, debido a que se pretende también ampliar las facultades a la Sedesol para hacer las instancias de Equidad y Género, Asuntos Indígenas, y derechos humanos, y a la Secretaría de hacienda funciones de vigilancia de la ejecución del gasto, que corresponde a la Función Pública.
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