inicia PGR averiguacion previa por el caso Cassez

Por Enrique Derivado de la denuncia de hechos que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR), ya inició una averiguación previa contra policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y agentes del Ministerio Público Federal de la SEIDO, así como ex mandos que tuvieron que ver con en el operativo para detener a la francesa Florence Cassez. Así lo confirmó el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, al indicar que el delito que se investiga es obstrucción de la justicia, aunque recalco que tocara resolver al juez si los delitos que se especifican prescribieron ya. Entrevistado tras la culminación del foro para implementar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el subsecretario dijo que la pesquisa se comenzó con base a la "denuncia de hechos" que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que está facultado constitucionalmente para presentar denuncias y realizar investigaciones. Respecto a si el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna esta siendo investigado, recalco que tocara al ministerio público si cita o no a declarar a García Luna, quien al momento de la captura de Cassez, el 9 de diciembre de 2009, se desempeñaba como director de la AFI. Cervantes acoto que en la denuncia de hechos presentada por la CNDH, hay señalamientos tanto individuales como genéricos, desde agentes del ministerio público, agentes ministeriales, policía federal, auxiliares del ministerio público, y quien resulte presuntamente responsable de diferentes tipos,  "principalmente los que están orientados a obstrucción de la justicia". Reconoció que habrá un alegato sobre la prescripción dentro de las responsabilidades que tiene el ministerio público que lleva esta averiguación,  "está hacer del conocimiento del juez al momento de la consignación, llegado este de las consideraciones también sobre el tema". Es de recordar que en enero pasado ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron que a la ciudadana francesa le fueron violados sus derechos humanos y no se respeto del debido proceso, por ello, ordenaron su inmediata libertad.