Alejandro Colón
En la implementación del nuevo sistema de justicia penal oral todos debemos llegar juntos y a tiempo, consideró el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, quien advirtió que no debe haber ningún pretexto para cumplir con el compromiso constitucional de que la reforma esté funcionando en todo el país en 2016.
Al presidir la XI Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, sobre instauración del modelo acusatorio oral, el funcionario refrendó que es absoluta la decisión del gobierno de la República por impulsar este proceso. "Se trata de un esfuerzo de Estado, al que estamos obligados por mandato constitucional y por exigencia ciudadana", puntualizó.
Con ello, el encargado de la política interior del país convocó a la Secretaría Técnica del Consejo para la implementación del Sistema de Justicia Penal, que dirige María de los Angeles Fromow, a acelerar los trabajos de coordinación y a establecer un cronograma con responsabilidades, acciones y plazos a cumplir por cada entidad federativa.
Con el nuevo sistema de justicia penal el 90 por ciento de los casos se resolverá a través de la justicia alternativa; las penas para quien comete un delito no grave podrán ser distintas a la prisión; los imputados están en igualdad de derechos; se establece la investigación científica de los delitos, y los casos graves serán juzgados en audiencias públicas ante un juez.
En la reunión, se informó sobre la creación del grupo de trabajo federal para acelerar la ejecución de la reforma penal y otro para desarrollar estrategias y líneas de acción en alternativas de financiamiento en el ámbito estatal, así como las acciones de armonización legislativa con las entidades federativas.
También, el proyecto de comunicación transversal para el conocimiento ciudadano del nuevo sistema de justicia, y la gestión ante la Secretaría de Educación Pública y de universidades autónomas para actualizar los programas de estudios con la asignatura de derecho procesal penal.
En la XI Sesión Ordinaria participaron los 14 miembros del consejo y, por segunda ocasión, se convocó a actores claves relacionados con el nuevo sistema de Justicia Penal, como son las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina, así como el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De igual forma, defensores públicos federales y estatales; responsables de prevención, readaptación y reinserción social; de la academia; de educación pública; de las organizaciones de la sociedad civil, y atención a víctimas.
En el encuentro celebrado en el Salón Juárez de la dependencia, estuvieron presentes la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de PGR, Mariana Benítez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar; y representantes de la sociedad civil como Alejandro Martí, presidente de México SOS.
En ese marco, Azar sostuvo en entrevista que la propuesta de los tribunales del país será priorizar la asignación de recursos para infraestructura y capacitación, pues se necesitan centenares de salas para la implementación del nuevo modelo.
"El problema que se va a presentar es cómo garantizar la implementación del sistema penal oral acusatorio, porque es muy costoso. Los tribunales vamos a solicitar que se nos garantice de alguna forma la operación", asentó.
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En la implementación del nuevo sistema de justicia penal oral todos debemos llegar juntos y a tiempo, consideró el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, quien advirtió que no debe haber ningún pretexto para cumplir con el compromiso constitucional de que la reforma esté funcionando en todo el país en 2016.
Al presidir la XI Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, sobre instauración del modelo acusatorio oral, el funcionario refrendó que es absoluta la decisión del gobierno de la República por impulsar este proceso. "Se trata de un esfuerzo de Estado, al que estamos obligados por mandato constitucional y por exigencia ciudadana", puntualizó.
Con ello, el encargado de la política interior del país convocó a la Secretaría Técnica del Consejo para la implementación del Sistema de Justicia Penal, que dirige María de los Angeles Fromow, a acelerar los trabajos de coordinación y a establecer un cronograma con responsabilidades, acciones y plazos a cumplir por cada entidad federativa.
Con el nuevo sistema de justicia penal el 90 por ciento de los casos se resolverá a través de la justicia alternativa; las penas para quien comete un delito no grave podrán ser distintas a la prisión; los imputados están en igualdad de derechos; se establece la investigación científica de los delitos, y los casos graves serán juzgados en audiencias públicas ante un juez.
En la reunión, se informó sobre la creación del grupo de trabajo federal para acelerar la ejecución de la reforma penal y otro para desarrollar estrategias y líneas de acción en alternativas de financiamiento en el ámbito estatal, así como las acciones de armonización legislativa con las entidades federativas.
También, el proyecto de comunicación transversal para el conocimiento ciudadano del nuevo sistema de justicia, y la gestión ante la Secretaría de Educación Pública y de universidades autónomas para actualizar los programas de estudios con la asignatura de derecho procesal penal.
En la XI Sesión Ordinaria participaron los 14 miembros del consejo y, por segunda ocasión, se convocó a actores claves relacionados con el nuevo sistema de Justicia Penal, como son las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina, así como el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De igual forma, defensores públicos federales y estatales; responsables de prevención, readaptación y reinserción social; de la academia; de educación pública; de las organizaciones de la sociedad civil, y atención a víctimas.
En el encuentro celebrado en el Salón Juárez de la dependencia, estuvieron presentes la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de PGR, Mariana Benítez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar; y representantes de la sociedad civil como Alejandro Martí, presidente de México SOS.
En ese marco, Azar sostuvo en entrevista que la propuesta de los tribunales del país será priorizar la asignación de recursos para infraestructura y capacitación, pues se necesitan centenares de salas para la implementación del nuevo modelo.
"El problema que se va a presentar es cómo garantizar la implementación del sistema penal oral acusatorio, porque es muy costoso. Los tribunales vamos a solicitar que se nos garantice de alguna forma la operación", asentó.
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