Arturo R. Pansza
Al sostener que los hechos registrados el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, son ejemplo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de displicencia y omisiones, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, definió que hasta que los responsables sean puestos ante la justicia y reciban una sanción, el expediente del caso de los estudiantes de Ayotzinapa no puede darse por concluido.
Durante la presentación del informe anual de las actividades de la CNDH, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mencionó que el país vive circunstancias extraordinarias provocadas por esos hechos y por los de Tlatlaya, con una sociedad que clama por una convivencia en paz y seguridad, con instituciones democráticas, a la vez que pugnó por desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones, cuyo trasfondo no es otro que la corrupción.
"El clamor nacional es por una convivencia en paz y seguridad, con instituciones democráticas que atiendan con eficacia y espíritu de servicio las demandas de la sociedad", declaró y, expuso que tras el caso Iguala y el enfrentamiento armado entre elementos del Ejército e integrantes del crimen organizado, con un saldo de 22 civiles muertos, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio pasado, no habrá manera de recuperar la "aparente normalidad del país".
González Pérez, quien solicitó al Congreso de la Unión reformas legales para evitar la reelección del titular de la CNDH, porque ésta "debilita la autonomía moral, al politizarse la pretensión de un segundo periodo", señaló que antes de los hechos en referencia, la normalidad del país era "anómala", porque estaba asentada "en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas".
En el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados, el ombudsman consideró prudente revisar y entender "la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad de estructuras estatales que obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso", lo que propiciará evolucionar como sociedad y renovar el pacto social, mientras que en entrevista aceptó que al titular de la comisión a su cargo se le debe fortalecer en su credibilidad y quitarle todo aquello que pueda influir en la misma, por lo que no es conveniente la reelección.
La desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas en Iguala, "se trata de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos y, nos obliga a buscar la verdad de estos acontecimientos, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho", en tanto que por otra parte insistió en que el ombudsman tiene que ejercer sus atribuciones a cabalidad y eso significa mostrar su independencia y su autonomía frente a todo poder público
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