Alejandro Colón
Con ello, anunció que a partir de la próxima semana comenzará la discusión de las plataformas electorales de partidos y candidatos, para garantizar que estas campañas de confrontación estén acompañadas de un debate ideológico.
"Es el mejor momento para el debate de ideas y propuestas, así está definido en la misma Constitución. Comprendo que muchos partidos políticos han optado por una intensa campaña de confrontación que tiene que ser acompañada con un debate ideológico y programático importante y profundo", indicó.
Córdo\a Vianello firmó un convenio de colaboración con el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, a fin de blindar los programas sociales de esa dependencia durante las campañas electorales.
Más tarde, en sesión extraordinaria del Consejo General, aclaró que el instituto está interesado en reafirmar el principio de equidad y no en castigar ni construir su credibilidad sobre la base de sanciones.
Sostuvo que la fiscalización electoral es ahora expedita y se trata quizás de la atribución más emblemática de la estandarización de las elecciones, ya que nunca antes las precampañas y campañas se habían revisado con los mismos parámetros.
Por ello, insistió en que la fiscalización no busca convertir al INE en una autoridad persecutoria sino simple y sencillamente cumplir el mandato constitucional intrínseco en la reforma electoral para robustecer y sancionar con severidad todas las irregularidades que se cometen en la materia.
Informó que se conoció de 2,287 informes que corresponden a ocho entidades federativas, que incluyen la negativa de registro a más de 400 precandidatos y aspirantes para ser candidatos de partidos o independientes.
Señaló que se trata de que el rigor de la fiscalización y la estandarización de los parámetros contables consoliden, por un lado, el funcionamiento administrativo de los partidos y candidatos, y por el otro, que el dinero no sea un factor que distorsione el piso mínimo de equidad de los comicios.
Resaltó que las irregularidades acumulan montos importantes por un total de 17.6 millones de pesos que se aplicarán en caso de que los dictámenes señalados se aprueben como los presentó la Comisión de Fiscalización.
Se dijo convencido de que se trata de un proyecto de adaptación de los propios institutos políticos, de los candidatos y aspirantes a las reglas que son mucho más severas y estrictas, pero que "son las reglas del juego político, de la pluralidad pactada y concretada en la legislación".
Aclaró que ni el volumen de las sanciones ni el tipo son un atentado contra el pluralismo, sino una características del nuevo juego democrático que la autoridad electoral aplicará "a pie juntillas"
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