Alejandro Colón
El gobierno de la República ha hecho de la instrumentación de la reforma penal una prioridad nacional, en la que no se ha escatimado esfuerzos para respaldar a los gobiernos estatales en esta importante transición, aseguró el Presidente Enrique Peña Nieto.
Con ello, al inaugurar el VII foro nacional sobre Seguridad y Justicia, el Jefe del Ejecutivo recordó que el 18 de junio de 2016 es la fecha "en la que el Estado mexicano tiene la obligación de que el nuevo modelo de justicia exista, y sea el que prevalezca y tenga plena vigencia en todo el territorio nacional".
A los integrantes de la sociedad civil, gobernadores y funcionarios federales y locales, el Primer Mandatario les dijo que su gobierno "es un entusiasta participante, debidamente comprometido, para llevar a muy buen término la conclusión de la instrumentación del sistema de justicia penal acusatorio para todos los mexicanos".
En la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, indicó que a la sociedad y al gobierno, sin duda "ahora nos ocupa hacer que este modelo pruebe su éxito y cumpla con el deseo que está trazado en la Constitución: justicia pronta y expedita para todas y todos los mexicanos".
Al respecto, el mandatario duranguense, Jorge Herrera Caldera, apuntó que más allá de la necesidad de recursos públicos, como aducen otros gobernadores para echar a andar el nuevo sistema de justicia penal, es necesaria voluntad política y capacitación para cumplirles a los mexicanos.
En tal sentido, el Presidente de la República dio cuenta de las diferentes acciones que su gobierno ha realizado para acompañar el esfuerzo de los gobiernos estatales, entre ellos, asignar un presupuesto histórico de casi 10,000 millones de pesos, para la implementación del sistema en las entidades federativas.
También, agregó, se estableció un plan de aceleración para acompañar a las entidades federativas en su instrumentación y se estableció un esfuerzo de capacitación para garantizar que todos los operadores cuenten con los conocimientos necesarios.
Junto con los congresos locales, agregó, se avanzó en 90 por ciento en la armonización de la legislación estatal con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se están desarrollando las herramientas e infraestructura para garantizar una investigación científica de los delitos, elemento clave para el éxito del sistema.
A nivel estatal, continuó, el sistema procesal penal acusatorio opera ya de forma total o parcial en 30 entidades federativas, mientras que el Código Nacional de Procedimientos Penales funciona en 23 de ellas.
En el ámbito federal, tanto el nuevo sistema procesal, como el Código Nacional, se proyecta que operen a finales de este año en 14 entidades, y para junio del próximo año, 2016, estarán funcionando en toda la geografía nacional, informó
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