Pedro Montes de Oca
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que a un año del caso Tlatlaya, Estado de México, en donde se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano con presuntos delincuentes del crimen organizado, el gobierno federal que comenzó a pagar las primeras indemnizaciones a las familias de los 22 presuntos delincuentes.
Entrevistado al término del evento "Avances y Retos en la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos" que se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el funcionario rechazó que no se hayan cumplido al 100% con las peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Campa Cifrián aseguró que ya que se tiene una coordinación con la CIDH, para atender a las víctimas, "de hecho se han comenzado a pagar ya algunas reparaciones del daño y estamos pendientes para continuar con esta tarea, y hemos estado muy cerca con la comisión ejecutiva para atender a las víctimas y esa es nuestra responsabilidad que nos ocupa".
El funcionario de la Secretaría de Gobernación dijo que en el informe que presentó esté lunes el grupo de expertos interdisciplinarios de la CIDH, con quienes se han reunidos prácticamente todos los días, en donde ha habido avances en diversos temas.
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián comentó que la dependencia sigue analizando la petición de la CIDH de entrevistarse con militares de batallón 27 de la Secretaría de la Defensa Nacional en Iguala, Guerrero, y reiteró que el grupo interdisciplinario tienen a su disposición no solo las declaraciones que hicieran los integrantes del 27 batallón de la Sedena como testigo, sino que además pueden pedir al Ministerio Público de la Federación ampliar dichas declaraciones, de acuerdo al acuerdo firmado en su calidad de ser coadyuvantes de del Ministerio Público
Campa Cifrián consideró que "Pueden realizarse esa diligencias a partir lo que dicte el mandato a través del Ministerio Público".
Manifestó su beneplácito de que el Ejército Mexicano regrese a los cuartes y deje la seguridad de las calles, como lo exige la ciudadanía en algunos poblados del estado de Chihuahua, Durango y Guerrero. "Si de eso fuese posible quien estaría de plácemes seria el Ejercito mexicano, pero la realidad la ciudadanía exige que el ejército mexicano en algunas entidades siga la protección de la seguridad en muchas zonas ante la incapacidad de las autoridades civiles de atender esa problemática, con el respeto de los derechos humanos".
Reiteró que el Ejército cumple con una tarea con la mayor importancia, y afirmó que el gobierno federal sigue analizando la petición de hace tres meses que hiciera la CIDH de entreviste con militares, quienes han ayudado en mucho en el reencuentro con los familiares de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, para coadyuvar con la investigación a través del Ministerio Público.
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