Arturo R. Pansza
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que los niños que han sido captados por el crimen organizado en México son desechables por los propios integrantes de las bandas criminales, al tiempo que detalló que el 60 por ciento de menores de entre cero y cinco años se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial y el 27 por ciento en condiciones de pobreza alimentaria.
Al participar en la presentación del libro "El Interés Superior del Niño", que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, declaró: "quiero ser más fuerte y más lacerante en mi expresión; nuestros niños que han sido captados por el crimen organizado y, perdónenme la frase, son desechables por el propio crimen organizado".
Refirió que lo que acontece es terrible, debido a que se trata de una población altamente vulnerable, a la vez que dijo: "la captan por esta desesperada situación que viven millones de niños en nuestro país, pero desde luego el problema no es nada más mexicano, no es doméstico, es mundial, lo sabe UNICEF".
Mencionó que los menores de edad en estas condiciones requieren una protección especial por parte del Estado mexicano, y aseveró que las instituciones públicas, la sociedad, los jueces, los legisladores, los ejecutivos locales y federales deben armonizar esfuerzos en las políticas públicas.
La representante del poder judicial expuso que la etapa de cinco años de los niños representa la más vulnerable en el crecimiento del ser humano, porque es decisiva en el desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y emotivas.
Sánchez Cordero precisó que los niños en pobreza extrema sólo tienen acceso a servicios de salud básicos y que la tasa de mortalidad en el país es de 60 por ciento, sobre todo en la población indígena.
Comunicó que casi 3.000,000 de niños no asisten a la escuela y el 15 por ciento empieza a trabajar a los 12 años o antes y "no reciben ingreso por su labor".
A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, la perredista Verónica Beatriz Juárez Piña, definió que en México viven 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes que representan el 37 por ciento de la población, quienes mantienen una serie de carencias y limitaciones para acceder y ejercer plenamente todos y cada uno de sus derechos.
Por su parte, el coordinador de la diputación del PRD, Agustín Miguel Alonso Raya, aclaró que es obligación del Estado tutelar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además de garantizarles su desarrollo en un ambiente sano.
Señaló que los menores de edad no deben vivir estresados y para ello el Estado tiene que construir las condiciones necesarias para tener ciudadanos seguros de sí mismos, que puedan en un futuro exigir mejores condiciones de vida.
Mientras, Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora general de la organización no gubernamental Ririki Intervención Social, dijo que en México no se tienen políticas públicas que "como norma entiendan el interés superior de que si no atacamos la pobreza, con un enfoque que sea específico para los niños, los más afectados en la pobreza son ellos"
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