Armando Maceda
notiredmexico
El Pleno Camaral aprobó un dictamen para otorgar a las personas con discapacidad su acceso y permanencia en el sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y en igualdad de oportunidades, debido a que les margina, apenas un 8 por ciento tienen una educación completa.
Las reformas a la Ley General de Educación establecen que la enseñanza que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización, deberá fomentar la educación inclusiva.
Contempla como infracciones de quienes prestan servicios educativos, el negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las personas con discapacidad, así como omitir llevar a cabo los ajustes necesarios para garantizar su inclusión.
Se indica que las autoridades en la materia tendrán que editar en formatos accesibles para las personas con discapacidad los libros de texto gratuito y demás materiales, así como capacitar a los maestros y personal de las instituciones de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, así como a los padres de familia o tutores.
El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI) señaló que en 2010 menos del 8 por ciento de las personas con discapacidad tenían educación básica completa, mientras que los niños y niñas con discapacidad enfrentaron hasta diez veces más exclusión en la escuela, la cual va del 26 por ciento en el nivel primaria y cerca del 95 por ciento en el superior.
Dijo que con las reformas se busca que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a las instituciones educativas, ya que cerca del dos por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD) indicó que el promedio educativo de las personas con discapacidad es de 4 años, por lo que "somos el sector con menor índice educativo. Es trascendental que se vayan previendo todas las acciones necesarias para que el Estado pueda promover y fortalecer la educación a las personas con discapacidad".
María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza) argumentó que la exclusión social y educativa es una realidad que es imprescindible combatir para lograr que tanto las personas con discapacidades, como aquellas que tienen aptitudes y capacidades sobresalientes, puedan acceder a una educación efectiva en igualdad de condiciones.
Subrayó que si bien en los últimos años se ha dado prioridad a eliminar la exclusión educativa, el dictamen enriquece la legislación al reforzar la atención a la diferencia de los grupos vulnerables. "La inclusión, como un signo de equidad y una pieza fundamental para hacer efectivo al derecho a la educación en México".
Publicar un comentario