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La aprobación al vapor en último día de sesiones del 30 de abril que llevó a no subsanar errores y adecuar las modificaciones a la minuta del Senado, mantiene en controversia sobre publicación de la Ley General de Protección a Víctimas del Delito entre el Ejecutivo y legisladores, pues el gobierno aduce que como vino el documento de reforma es imposible de aplicarla y la regresó a la Cámara de Diputados
En respuesta, la Comisión Permanente del Congreso acordó aplicar su facultad para publicar la y ello a ha generado el debate la posición del la secretaría de Gobernación de la posibilidad interponer una controversia constitucional por la invasión de facultades en torno a las observaciones jurídicas y la publicación del decreto.
No obstante, el coordinador del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, afirmó que la Ley General de Protección a Víctimas del Delito es perfectible y no ve ningún problema para que, a la brevedad se publique, como lo mandató el Congreso de la Unión.
Aclaró que las observaciones del Ejecutivo Federal pueden integrarse mediante una iniciativa y reconoció que, evidentemente, el Gobierno Federal tiene la opción de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque eso podría llevar muchos meses.
El diputado federal, indicó que la Ley contempla un periodo de gracia para que entre en vigor, que es de 180 días, esto es hasta diciembre próximo, por lo que hay tiempo suficiente para hacer las modificaciones necesarias.
Insistió en que la Ley es controvertible en términos de que no es perfecta y se podrían hacer modificaciones, sin embargo dijo que no existe ningún problema para que funcione bien el procedimiento aprobado ayer en la Comisión Permanente.
El coordinador de la bancada priista en San Lázaro, subrayó que las observaciones del Ejecutivo Federal fueron extemporáneas, precisamente se hicieron llegar al Senado a altas horas de la noche del primero de julio.
A su vez, el diputado Humberto Benítez Treviño, manifestó que el debate de fondo es si se respeta o no el orden constitucional, pero aclaró que no se puede esgrimir el orden constitucional para violar la técnica legislativa.
Coincidió con Rojas en que hay tiempo suficiente para que el Ejecutivo, si no está de acuerdo, promueva una controversia constitucional o presente una iniciativa de reformas para perfeccionar la norma.
Pero, el coordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, dio la razón al Ejecutivo y se pronunció por atender las observaciones que remitió a fin de que no tenga fallas y responda a las necesidades de los afectados.
"Hay una serie de observaciones en la Ley de Atención a Víctimas que se tienen que evaluar y de no analizarse puede quedar un poco ambigua; el presupuesto no está establecido, cuál es el alcance y quién va a ser el responsable de resarcir el daño. Si la Ley no es clara y precisa el PAN no lo va a acompañar", indicó.
Dijo que su grupo parlamentario está a favor de un periodo extraordinario de sesiones para revisar el dictamen, ya que no puede dejar una ley con "fallas y no entrar al fondo, ni escuchar a la víctimas".
Sostuvo que debe ser analizada, toda vez que es sólo un "paliativo" para los familiares y no repara el dolor de una pérdida.
En tanto, la coordinadora del PRD, Mary Telma Guajardo Villarreal, expresó su beneplácito por la decisión del Congreso para devolver al Ejecutivo sus observaciones a la Ley General de Atención a Víctimas al Ejecutivo, toda vez que dichas observaciones fueron entregadas de manera extemporánea el primero de julio de 2102.
"Se cumplió este compromiso con las víctimas, nosotros hemos insistido en la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El remedo de veto que pretendía el titular del ejecutivo no procedía porque las observaciones que hizo llegar a la Permanente fueron extemporáneas", dijo.
Indicó que si el Presidente Felipe Calderón tiene "observaciones extemporáneas" a dicha ley puede presentar una iniciativa de reforma, toda vez que aquella haya sido publicada.
Mencionó que una vez que devueltas las observaciones al Ejecutivo, su fracción estará vigilando que se publique en el Diario Oficial de la Federación, de lo contrario "veríamos qué procede legalmente".
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