Tras la publicación de la Ley General de Víctimas por parte del Ejecutivo, la diputada del PRD Elena Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados propuso implementar el sistema nacional para atender a las víctimas.
Además exhortó a las legislaturas locales e instancias estatales a armonizar sus instrumentos con estos nuevos mandatos.
Apuntó que urge la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para reparar a las personas afectadas no sólo por los altos índices de delitos del orden común, sino de casos de tortura, detención arbitraria, desaparición forzada y homicidio en que hay responsabilidad de autoridades.
Tapia Fonllem consideró que esta medida no es un gesto gracioso del titular del Ejecutivo, sino el cumplimiento de un acuerdo previo que significa una obligación con la ciudadanía.
"Con la promulgación se suprimen los obstáculos que puso la administración anterior a una propuesta que contó con el consenso de la sociedad civil y el voto unánime del Congreso de la Unión. Ahora corresponde hacer realidad esta Ley a las autoridades de todos los niveles y también una obligación de los tres poderes del Estado mexicano".
Asimismo, manifestó que la LXII Legislatura tiene el gran reto de reglamentar dicha ley, de tal forma que se asegure un presupuesto suficiente para la implementación de sus disposiciones y la instalación de los órganos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Por otra parte, Tapia Fonllem se pronunció en contra de la iniciativa de ley que presentó el pasado jueves el diputado priísta y presidente la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, que eliminaría los grandes logros de la histórica reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
"La fortaleza del principio pro persona en el artículo 1º radica en que establece la primacía de los derechos de la ciudadanía ante cualquier acto del Estado que pueda perjudicarlos. Como señalaron integrantes de la academia y la sociedad civil, la incorporación de los instrumentos internacionales está plenamente reglamentada, por lo que los conflictos de interpretación deben ser resueltos en consideración de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución".
Subrayó que esta iniciativa de ley no es procedente porque la reforma constitucional de derechos humanos establece claramente la progresividad y no es viable dirimir un supuesto conflicto entre el interés de la autoridad y los derechos de las personas en detrimento de éstos.
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