Noel F. Alvarado
El gobierno federal anunció una recompensa de millón y medio de pesos a quien proporcione información veraz que lleve a los encargados de las investigaciones de la Procuraduría General de la República a localizar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
En tanto, al detectar irregularidades y nexos entre las corporaciones policiacas y la delincuencia organizada, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, anunció que el Ejército Mexicano y la Policía Federal, tomaron el control de la seguridad en 13 municipios de Guerrero e Ixtapan de la Sal en el Estado de México.
Con éstos suman 15 los municipios en control de las fuerzas federales, tras los acontecimientos violentos del pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
La instrucción del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto a todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, ha sido trabajar permanentemente en la localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' y la identificación, ubicación y aprehensión de todos los responsables. Además, dispuso que en auxilio y con acuerdo de las autoridades locales se trabaje en la recuperación de la tranquilidad y seguridad de los habitantes del estado de Guerrero.
Cumpliendo con el compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones y avances que se han obtenido, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
Primero.- Para el objetivo prioritario de localizar a los estudiantes se encuentran desplegados un número significativo de elementos de todas las instituciones de las fuerzas federales. A este despliegue se suma la presencia de 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, 3 aeronaves de reconocimiento, una brigada de seis buzos y cuatro laboratorios móviles.
A la fecha se han efectuado casi 500 recorridos de búsqueda y patrullaje, así como más de 70 vuelos de reconocimiento.
En las acciones se incluyen la revisión de cuevas, pozos, cerros, cañadas, túneles, minas, ríos, lagunas y presas, es decir, se ha trabajado por igual en zonas urbanas y rurales. Destaco que todas estas acciones se realizan con base en un plan de búsqueda elaborado por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del gobierno de la República.
También se ha establecido contacto con el Comité Internacional de la Cruz Roja y privilegiado la proximidad con familiares, con pleno respeto a los derechos humanos y a la legalidad.
Asimismo, se informa que a petición de los familiares se cuenta con la coadyuvancia de peritos argentinos para la realización de los peritajes.
De esta manera se han atendido todas las líneas derivadas de las investigaciones, así como todos los señalamientos que han hecho familiares, compañeros y amigos de los estudiantes desaparecidos.
Como parte de ello, informo que se revisarán de manera exhaustiva todas las muestras y perfiles genéticos que se han recabado como parte de las investigaciones, como se ha señalado, junto con los peritos argentinos.
Asimismo, derivado de lo acordado con los familiares y representantes de los estudiantes desaparecidos, el Estado mexicano ha solicitado formalmente la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares que están en marcha para proteger a todas las víctimas.
Es importante destacar que las dependencias del Gobierno de la República han desarrollado una propuesta de plan de atención integral a víctimas, el cual cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, mismo que se ha enviado a los representantes y familiares de los estudiantes con el fin de contar con su apoyo en la implementación.
Además, hago de su conocimiento que la Procuraduría General de la República ha acreditado a los abogados representantes de los estudiantes en sus familiares con el fin de otorgarles pleno acceso al expediente y puedan así coadyuvar en las investigaciones, garantizando de esta manera el derecho a la justicia y el derecho a la verdad.
Segundo.- Por lo que hace a la búsqueda de los responsables de estos lamentables sucesos, la Procuraduría General de la República continúa realizando una investigación exhaustiva. Derivada de esta, entre otros avances se han identificado situaciones irregulares en algunas corporaciones de seguridad municipal en las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, así como en el municipio limítrofe de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, lo que permite presumir nexos entre elementos de seguridad pública de dicho orden y miembros de la delincuencia organizada.
Como parte de ello, informo que el síndico de Iguala, Óscar Chávez Pineda, ha sido requerido por el Ministerio Público de la Federación y que su detención con fines de presentación ya se ha efectuado.
Tercero.- Para el propósito de recuperar la seguridad y tranquilidad, el Gobierno de la República en el marco de sus atribuciones y en acuerdo con las autoridades estatales implementó una operación específica en dichas zonas.
Por lo anterior, informo que este día, además de lo que ya se había establecido en los municipios de Iguala y Cocula, el Gobierno de la República asumirá las tareas de seguridad pública en los siguientes municipios: Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixtateopan de Cuauhtémoc, Pungarabato, Pilcaya, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala en el estado de Guerrero, así como en el municipio de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.
La Policía Federal, con el apoyo del Ejército mexicano será la institución encargada de brindar la seguridad pública.
Los integrantes de las corporaciones de seguridad de los 13 municipios antes referidos, serán trasladados a la Sexta Región Militar, en Mazaquiahuac, Tlaxcala, para practicarles los exámenes de control de confianza, hacer la valoración respectiva de su actuación y de su responsabilidad.
Por su parte, el Estado mexicano ha resguardado las armas de dichas corporaciones con el objetivo de llevar a cabo una revisión puntual de las licencias colectivas, efectuar las pruebas de balística y ponerlas a disposición de la PGR a fin de corroborar su posible uso en actos ilícitos.
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