Genoveva Ortiz
La exigencia unánime del Senado de la República es el esclarecimiento de los hechos de violencia en Iguala, Guerrero y que no se tolere más impunidad.
Así lo declaró el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa Huerta, al señalar "no podemos permitir que se instale entre nosotros una visión cínica de las circunstancias, donde tragedias como las de Iguala se pierdan entre notas de prensa, ineficiencia de las autoridades y ajustes de cuentas políticas".
Por la gravedad y urgencia del caso, la impunidad no tiene cabida, por ello, el Congreso de la Unión, a través de sus dos Cámaras, se solidarizó con los familiares de las personas muertas y por los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República recalcó que el Poder Legislativo no será ajeno a estos acontecimientos, por lo cual ya se acordó conformar un grupo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación, con el fin de coadyuvar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.
Miguel Barbosa Huerta señaló que el Senado exige al Estado mexicano realizar un amplio esfuerzo para localizar a los 43 normalistas desaparecidos y que las investigaciones que realicen el gobierno federal y el de Guerrero, se conduzcan con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo.
Recordó que en la sesión del pasado jueves, el pleno senatorial pidió a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas hacer uso de sus facultades para que los afectados por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, cuenten con la debida asistencia, asesoría jurídica, protección, verdad, justicia y reparación integral del daño.
Aseguró que la Cámara de Senadores no cejará en su exigencia para que las autoridades realicen sus investigaciones en un marco de transparencia, celeridad, objetividad y comunicación permanente con las familias de las víctimas y la sociedad en su conjunto, con el objetivo de identificar y sancionar conforme a derecho a quienes resulten responsables.
Como parte de los acuerdos adoptados por el Senado -agregó- habrá de realizarse una sesión de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, a fin de analizar la situación de la seguridad pública en el Estado de Guerrero.
"Los crímenes de Iguala son hechos horrendos que trastornan la vida de un Estado y de un país, porque demuestran cómo el crimen organizado ha penetrado a las autoridades y sus integrantes pueden actuar con total impunidad", dijo.
Añadió que estos hechos deben ser resueltos de fondo, lo cual implica la localización de los jóvenes, la identificación de quienes se los llevaron y su consignación por los delitos que correspondan.
"Las autoridades federales y locales deben acreditar que no están rebasadas y que pueden ejercer sus funciones esenciales de garantizar la seguridad e impartir justicia. No sólo se trata de detener a algunos de los policías municipales asesinos o de la renuncia de servidores públicos, se deben desmantelar los grupos del crimen organizado que operan en esa región identificados como 'Guerreros Unidos' y 'Los Rojos' ", afirmó Miguel Barbosa
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